Archivos, Historia y Patrimonio

Andalucía fue la Comunidad Autónoma pionera en regular su patrimonio documental y sus archivos, al ser la primera en dotarse de una Ley específica en esta materia. El Estatuto de Autonomía para Andalucía , aprobado el año 1981, le confería, en sus artículos 13.27 y 13.28 , las competencias exclusivas en materia de patrimonio histórico, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 28 del artículo 149.1 de la Constitución, así como sobre los archivos y colecciones documentales de naturaleza análoga que no fueran de titularidad estatal. Al tiempo, el artículo 17.4 del Estatuto le encomendaba la ejecución de la legislación del Estado sobre los archivos y documentos de esa titularidad, cuya ejecución no se reservase el Estado, en el marco de los convenios que en su caso puedan celebrarse con el Estado art. 149 CE. Sobre este fundamento jurídico se transfirieron las competencias citadas en materia de archivos por el Real Decreto 864/1984, de 29 de febrero. De este modo la competencia

   El acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos lo regula la Ley 11/2007, 22 de Junio, que se rige por una serie de principios: a) respeto al derecho a la protección de datos de carácter personal en los términos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de los Datos de Carácter Personal, en las demás leyes específicas que regulan el tratamiento de la información y en sus normas de desarrollo, así como a los derechos al honor y a la intimidad personal y familiar. b) Principio de igualdad. Nunca el uso de medios electrónicos podrá implicar restricciones o discriminaciones para quienes se relacionen con las Administraciones Públicas por medios no electrónicos tanto respecto al acceso a la prestación de servicios públicos  como respecto a cualquier actuación o procedimiento administrativo  sin perjuicio de las medidas encaminadas a incentivar la utilización de los medios electrónicos.  c) Principio de accesibilidad a la información y a los servicios por

La creación de un clima de confianza en el entorno en línea es esencial para el desarrollo económico y social.  La desconfianza debida a la inseguridad jurídica percibida supone que los consumidores, las empresas y las administraciones públicas duden al tener que realizar transacciones por vía electrónica y adoptar nuevos servicios. El REGLAMENTO (UE) No 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de julio de 2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE, se propone: reforzar la confianza en las transacciones electrónicas en el mercado interior  proporcionando una base común para lograr interacciones electrónicas seguras entre los ciudadanos, las empresas y las administraciones públicas  e incrementando con ello la eficacia de los servicios  en línea públicos y privados,  los negocios electrónicos  y el comercio electrónico e