CEDRO, por medio de su presidente Daniel Fernández, ha pedido al ministro de Cultura el mantenimiento de la gestión colectiva obligatoria el 3 de febrero de 2021. Solicitó a José Manuel Rodríguez Uribes, ministro de Cultura, que mantenga el modelo de gestión colectiva obligatoria en la trasposición de la Directiva de Derechos de Autor en el Mercado Único Digital con lo que se pretende proteger a los autores y editores en este ámbito.
La petición fue formulada en la firma del convenio de colaboración entre el Ministerio y CEDRO, que ha sido impulsado por la Dirección General del Libro y del Fomento de la Lectura. El objeto del convenio es definir un marco sobre el cual se «construyan las relaciones entre el Ministerio y CEDRO». El ministro aseguró que este acuerdo «tiene que ver con propiedad intelectual y con creación literaria, pero también con investigación».
Gran parte del sector cultural ha hecho idéntica petición para conseguir
- protección adecuada,
- transparente y
- equitativa de los derechos de propiedad intelectual
- ante las grandes plataformas en lo relativo al artículo 15 de esta normativa europea.
El precepto reconoce
- un derecho conexo al editor de prensa
- y su correspondiente participación a los autores por cualquier uso digital de sus contenidos realizados por plataformas tecnológicas, como los buscadores y agregadores de noticias.
Desde AMI, asociación que reúne más de 80 medios de información
- nacionales y
- regionales,
- generalistas y
- deportivos,
- Los escritores, que a través de su Confederación, reclaman amparo a Cultura para proteger los derechos de
- los escritores,
- periodistas
- y otros autores a través de
- este modelo de gestión
- y de la irrenunciabilidad del derecho. Leer más.
- Los periodistas, por medio de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, que han solicitado al Gobierno que se proteja y regulen sus derechos de autor para que se retribuyan por
- la circulación y
- distribución de su trabajo en las plataformas digitales.
- Los editores de libros, que demandan este modelo considerándolo el más adecuado para autores, editores y plataformas tecnológicas para garantizar
- la transparencia
- y la equidad en las tarifas y el reparto. Leer más.
- Las entidades de gestión, que han presentado un manifiesto en el que piden mantener la gestión colectiva para conseguir la independencia y la pluralidad de la cultura. Leer más.
También se pronuncia IFRRO, federación internacional que agrupa a todas las sociedades de gestión a nivel mundial, ha escrito a Cultura recordando que la gestión colectiva es la forma más simple, efectiva y eficiente de gestionar el nuevo derecho reconocido en el artículo 15 de la directiva.
Entidades de gestión de Latinoamérica también muestran su preocupación al Ministerio de Cultura solicitando se mantenga el modelo de gestión colectiva obligatoria en este ámbito en España, recordando sus beneficios en este momento.
- CDR, entidad colombiana, subraya el hecho de que «el reconocimiento de la gestión colectiva obligatoria para este derecho unido a la consideración de irrenunciabilidad, son los instrumentos legales que permiten alcanzar dicha transparencia».
- CADRA, sociedad argentina, recuerda «la indudable influencia que las normas españolas sobre esta materia tienen en nuestros países de la región».
- La entidad mexicana CEMPRO explica que «la cultura hispana merece una protección efectiva que estimule y beneficie la creación de contenidos en nuestro idioma, somos una potencia cultural gracias al trabajo de nuestros creadores, no debemos dejar que esto sea pasado y convertirnos en meros importadores de contenidos. Cuidar a nuestros autores es salvaguardar nuestra identidad cultural».
- La entidad chilena SADEL ha recordado al ministro que «para Chile, hasta el día de hoy, España ha sido un referente en lo relativo a la creación, desarrollo y protección de la cultura y los derechos de propiedad intelectual».
Según CEDRO, la mayoría de las organizaciones de autores y editores afectadas subrayan la necesidad de que el modelo de gestión que el Ministerio decida para la administración de este derecho debe garantizar la transparencia de los contratos entre el editor de prensa y las plataformas que utilicen sus contenidos. Este requisito, tal y como establece la directiva, resulta imprescindible para asegurar que este derecho pueda ser efectivo para autores y editores.
Fuente: CEDRO