Los primeros orígenes legales en España destinados a la protección del patrimonio histórico datan del siglo XVIII, estando ligados a la monarquía borbónica y a intelectuales ilustrados del entorno de Felipe V, que creó la Real Academia de la Historia mediante R. D. de 18 de abril de 1738, aprobando sus estatutos mediante una Real Cédula que fue pionera en ocuparse de forma oficial de temas culturales y que cumplirá un papel de gabinete de antigüedades, con la creación del cargo de anticuario, conforme a la línea de la política europea de mecenazgo y coleccionismo que caracterizó esta época ilustrada y caracterizado por su identificación con la Antigüedad Clásica, con la ciencia y con la cultura.
La Real Academia de Bellas Artes se crea en abril de 1752, bajo el patrocinio de Fernando VI, otro rey ilustrado, que la llamó: Real Academia de las Tres Nobles Artes de San Fernando, para la promoción y la protección de las artes. Posteriores modificaciones de los estatutos suprimen el carácter aristocrático y se confia su dirección a sucesivos artistas.
De 1752 data la Primera Instrucción para la conservación de las antigüedades que se encuentren al hacer las obras del puerto de Cartagena, que deberán trasladarse a la Academia de Historia.
En 1779 una Real Orden se convierte en la primera norma para la protección de bienes culturales del país. Prohibe la exportación de pinturas, de objetos artísticos, de libros o de manuscritos de autores ya fallecidos o de antiguos escritores españoles, la prohibición se extiende incluso a provincias españolas de ultramar.
La Instrucción de 6 de junio de 1803 supone otro hito importante en la historia de la protección de los bienes culturales españoles. Encargaba la conservación de los monumentos antiguos que se descubrieran en el Reinoa a la Real Academia de la Historia.
En 1836 la Desamortización de los bienes eclesiásticos supuso la salida al mercado de obras artísticas que hasta entonces habían pertenecido a las comunidades religiosas; y trae consigo, en 1844, la creación de las Comisiones de Monumentos Históricos y Artísticos que serían el germen de los futuros Museos Provinciales; y la Comisión Central, siguiendo el modelo francés que había creado estas entidades poco antes en Francia, tras la Revolución Francesa, que supondría una nueva valoración del patrimonio histórico, entendiéndolo como conjunto de bienes culturales con carácter público y cuya conservación era preciso institucionalizar, tanto técnica como jurídicamente para beneficio del interés general pues estos bienes culturales se ponían al servicio de la ciudadanía.
Las medidas proteccionistas se incrementan durante el siglo XX, algunas de las cuales serían:
-1900: centralización de las competencias en la Dirección General de Bellas Artes, en materia de patrimonio histórico.
-1911: Ley de Excavaciones Arqueológicas.
-1915: Ley de Conservación de Monumentos Histórico-Artísticos.
-1926: Decreto Ley sobre el Tesoro Artístico Nacional.
-1933: Ley de Patrimonio Artístico Nacional.
La Ley de Patrimonio Artístico Nacional de 1933 fue de gran importancia, sus postulados estuvieron en vigor durante casi cincuenta años. Se crea durante la Segunda República. Ya la Constitución de 1931 adelantaba algunos de sus planteamientos, en el artículo 45. tales como la protección de los lugares notables por su belleza natural o su reconocido valor histórico-artístico. Fue una ley progresista y vanguardista para la época, que basó algunos de cuyos criterios en la Carta de Atenas de 1931, siendo el caso de la conservación por medio del respeto y el afecto del pueblo, favorecía su sensibilización. Durante los cincuenta años que estuvo vigente esta normativa, actualizaría algunos de sus planteamientos, como ejemplo de ello lo que ocurrió con la ley de 22 de diciembre de 1955 que versaba sobre los Usos Inadecuados de los Monumentos y la de 22 de julio del año 1958, sobre Monumentos Provinciales y Locales.
La intencionalidad de aquella ley sobre la implicación y la educación de la sociedad civil no pasó del texto, la mayoría del pueblo llano seguía siendo analfabet y la incultura, muchos fueron menospreciados, arruinados, masacrados por el denominado frente popular entre 1931 y el estallido de la Guerra Civil.
Con la llegada de la democracia se hizo necesario un nuevo marco legal,
que culminó, tras varios intentos, con la aprobación en el año 1985 de la Ley de Patrimonio Histórico Español.