El Título III de la Ley de Patrimonio Histórico Español, habla de los bienes muebles.
La Administración del Estado, colaborando con las demás Administraciones competentes, deberá confeccionar el Inventario General de los bienes muebles del Patrimonio Histórico Español no declarados de interés cultural que tengan singular relevancia.
Las Administraciones competentes podrán recabar de los titulares de derechos sobre los bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español, el examen de los mismos y las informaciones
pertinentes, para su inclusión, si procede, en el Inventario.
Los propietarios y demás titulares de derechos reales sobre bienes muebles de notable valor histórico, artístico, arqueológico, científico, técnico o cultural, podrán presentar solicitud debidamente documentada ante la Administración competente, para iniciar el procedimiento para su inclusión de en el Inventario General. La resolución deberá recaer en un plazo de cuatro meses.
Los propietarios o poseedores de los bienes muebles que reúnan el valor y características que se señalen reglamentariamente, quedan obligados a comunicar a la Administración competente la existencia de estos objetos antes de proceder a su venta o transmisión a terceros.
Igual obligación se establece para las personas o entidades que ejerzan habitualmente el comercio de los bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español, que deberán, -además-, formalizar ante la Administración un libro de registro de las transmisiones que realicen sobre aquellos objetos.
La organización y funcionamiento del Inventario General se determinarán por vía reglamentaria
A los bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español incluidos en el Inventario General se les aplicarán las siguientes normas:
a) La Administración competente podrá en todo momento inspeccionar su conservación.
b) Sus propietarios y, en su caso, los demás titulares de derechos reales sobre los mismos, están obligados a permitir su estudio a los investigadores, previa solicitud razonada, y a prestarlos, con las debidas garantías, a exposiciones temporales que se organicen por los Organismos a que se refiere el artículo 6.º de la Ley de PHE, sin que sea obligatorio realizar estos préstamos por un período superior a un mes por año.
c) La transmisión por actos inter vivos o mortis causa, así como cualquier otra modificación en la situación de los bienes, deberá comunicarse a la Administración competente y anotarse en el Inventario General (Art. 26).