El Real Decreto 4/2010, 8 de enero, en su Artículo 18 trata sobre la Interoperabilidad en la política de firma electrónica y de certificados. Según lo cual, la Administración General del Estado ha de definir una política
- de firma electrónica
- y de certificados
que servirá de marco general de interoperabilidad para:
- la autenticación y
- el reconocimiento mutuo de firmas electrónicas dentro de su ámbito de actuación.
Esta política podrá ser utilizada como referencia por otras Administraciones públicas para definir las políticas de certificados y firmas a reconocer dentro de sus ámbitos competenciales.
Las Administraciones públicas aprobarán y publicarán
su política de firma electrónica y de certificados,
que podrá convivir junto con otras políticas particulares para una
transacción determinada en un contexto concreto.
Las Administraciones públicas receptoras de documentos electrónicos firmados permitirán la validación de las firmas electrónicas contra la política de firma indicada en la firma del documento electrónico, siempre que dicha política de firma se encuentre dentro de las admitidas por cada Administración pública para el reconocimiento mutuo o multilateral con otras Administraciones públicas.
Los perfiles comunes de los campos de los certificados definidos por la política de firma electrónica y de certificados posibilitarán la interoperabilidad entre las aplicaciones usuarias, de forma que tanto la identificación como la firma electrónica generada a partir de estos perfiles comunes, puedan ser reconocidos por las aplicaciones de las distintas Administraciones públicas sin restricción
- técnica,
- semántica u
- organizativa.
Estos certificados serán los definidos en:
- la Ley 11/2007, de 22 de junio,
- la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica
- y sus desarrollos normativos.
La política de firma electrónica y de certificados establecerá las características técnicas y operativas de la lista de prestadores de servicios de certificación de confianza que recogerá los certificados reconocidos e interoperables entre las Administraciones públicas y que se consideren fiables para cada nivel de aseguramiento concreto, tanto en el ámbito nacional como europeo.
La lista que establezca la Administración General del Estado podrá ser utilizada como referencia por otras Administraciones públicas para definir sus listas de servicios de confianza para aplicación dentro de sus competencias.
Las aplicaciones usuarias de certificados electrónicos y firma electrónica:
Las Administraciones públicas receptoras de documentos electrónicos firmados permitirán la validación de las firmas electrónicas contra la política de firma indicada en la firma del documento electrónico, siempre que dicha política de firma se encuentre dentro de las admitidas por cada Administración pública para el reconocimiento mutuo o multilateral con otras Administraciones públicas.
Los perfiles comunes de los campos de los certificados definidos por la política de firma electrónica y de certificados posibilitarán la interoperabilidad entre las aplicaciones usuarias, de forma que tanto la identificación como la firma electrónica generada a partir de estos perfiles comunes, puedan ser reconocidos por las aplicaciones de las distintas Administraciones públicas sin restricción
- técnica,
- semántica u
- organizativa.
Estos certificados serán los definidos en:
- la Ley 11/2007, de 22 de junio,
- la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica
- y sus desarrollos normativos.
La política de firma electrónica y de certificados establecerá las características técnicas y operativas de la lista de prestadores de servicios de certificación de confianza que recogerá los certificados reconocidos e interoperables entre las Administraciones públicas y que se consideren fiables para cada nivel de aseguramiento concreto, tanto en el ámbito nacional como europeo.
La lista que establezca la Administración General del Estado podrá ser utilizada como referencia por otras Administraciones públicas para definir sus listas de servicios de confianza para aplicación dentro de sus competencias.
Las aplicaciones usuarias de certificados electrónicos y firma electrónica:
- a) Se atendrán a la política de firma electrónica y de certificados aplicable en su ámbito en relación con los diversos aspectos contemplados y particularmente con la aplicación de los datos obligatorios y opcionales, las reglas de creación y validación de firma electrónica, los algoritmos a utilizar y longitudes de clave mínimas aplicables.
- b) Permitirán los mecanismos de acreditación y representación de los ciudadanos en materia de identificación y firma electrónica, previstos en la normativa correspondiente.
Los Aspectos de interoperabilidad relativos a los prestadores de servicios de certificación son tratados en el Artículo 19 del RD 4/2010.
Conforme a lo previsto en el
Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la
Ley 11/2007, de 22 de junio, en relación con la
interoperabilidad organizativa,
los prestadores de los servicios de certificación dispondrán de lo
siguiente, descrito en su Declaración de Prácticas de Certificación: - a) Establecimiento de los usos de los certificados expedidos de acuerdo con un perfil dado y sus posibles límites de uso.
- b) Prácticas al generar los certificados que permitan la posterior aplicación de unos mecanismos de descubrimiento y extracción inequívoca de los datos de identidad del certificado.
- c) Definición de la información de los certificados o relacionada con ellos que será publicada por parte del prestador, debidamente catalogada.
- d) Definición de los posibles estados en los que un certificado pueda encontrarse a lo largo de su ciclo de vida.
- e) Los niveles de acuerdo de servicio definidos y caracterizados para los servicios de validación y de sellado de fecha y hora.
En relación con la interoperabilidad semántica, los prestadores de servicios de certificación aplicarán lo siguiente, que estará descrito en su Declaración de Prácticas de Certificación:
- a) La definición de los perfiles de certificados que describirán, mediante mínimos, el contenido obligatorio y opcional de los diferentes tipos de certificados que emiten, así como la información acerca de la sintaxis y semántica de dichos contenidos.
- b) Establecimiento de los campos cuya unicidad de información permitirá su uso en labores de identificación.
- a) Los estándares relativos a:
- políticas y prácticas de certificación y generación de certificados electrónicos,
- estado de los certificados,
- dispositivos seguros de creación de firma,
- programas controladores,
- dispositivos criptográficos,
- interfaces de programación,
- tarjetas criptográficas,
- conservación de documentación relativa a los certificados y servicios,
- límites de los certificados (conforme a lo establecido en el artículo 11).
- b) La incorporación, dentro de los certificados, de información relativa a las direcciones de Internet donde se ofrecen servicios de validación por parte de los prestadores.
- c) Los mecanismos de publicación y de depósito de certificados y documentación asociada admitidos entre Administraciones públicas.
Las plataformas de validación de certificados
electrónicos y de firma electrónica proporcionarán servicios de
confianza a las aplicaciones usuarias o consumidoras de los servicios de
certificación y firma, proporcionando servicios de validación de los
certificados y firmas generadas y admitidas en diversos ámbitos de las
Administraciones públicas.
En un único punto de llamada proporcionarán todos los elementos de confianza e interoperabilidad organizativa, semántica y técnica, necesarios para integrar los distintos certificados reconocidos y firmas que pueden encontrase en los dominios de dos administraciones diferentes.
Potenciarán:
- la armonización técnica
- y la utilización común de formatos, estándares y políticas de firma electrónica
- y de certificados para las firmas electrónicas entre las aplicaciones usuarias,
- y de otros elementos de interoperabilidad relacionados con los certificados, tales como:
Se tendrán en cuenta los estándares europeos de las Organizaciones Europeas de Estandarización en el campo de las Tecnologías de Información y Comunicación aplicadas a la firma electrónica.
Incorporarán las listas de confianza de los certificados interoperables entre las distintas Administraciones públicas nacionales y europeas según el esquema operativo de gestión correspondiente de la lista de confianza.
En un único punto de llamada proporcionarán todos los elementos de confianza e interoperabilidad organizativa, semántica y técnica, necesarios para integrar los distintos certificados reconocidos y firmas que pueden encontrase en los dominios de dos administraciones diferentes.
Potenciarán:
- la armonización técnica
- y la utilización común de formatos, estándares y políticas de firma electrónica
- y de certificados para las firmas electrónicas entre las aplicaciones usuarias,
- y de otros elementos de interoperabilidad relacionados con los certificados, tales como:
- el análisis de los campos
- y extracción univoca de la información pertinente.
Se tendrán en cuenta los estándares europeos de las Organizaciones Europeas de Estandarización en el campo de las Tecnologías de Información y Comunicación aplicadas a la firma electrónica.
Incorporarán las listas de confianza de los certificados interoperables entre las distintas Administraciones públicas nacionales y europeas según el esquema operativo de gestión correspondiente de la lista de confianza.