Desde la antigüedad hasta nuestros días los archivos han sido valorados por cualquier administración eficaz como herramienta fundamental de gestión y conservación de memoria de los derechos y, como tales, han estado envueltos en términos como “secretos”, “sacros” y “tesoros de cámara”. Los archivos inaccesibles con muros gruesos, puertas dobles y arcas de tres llaves existen, han existido y existiran. A partir de la Revolución Francesa y las revoluciones liberales y burguesas del siglo XIX se consagra para los archivos el principio de “soberanía nacional”, que es el que hasta nuestros días ha instigado la apertura y accesibilidad por derecho, no por gracia o merced, de los ciudadanos, tanto a los llamados archivos históricos como a los administrativos, en aras a lo que se llama “transparencia entre administración y administrados” y “participación de los ciudadanos en el gobierno del Estado”.
Tras el Liberalismo, junto al permanente valor administrativo, los archivos pasan a considerarse como “santuarios de la investigación”, reconocidos como tales en la legislación cultural, incluso para los documentos de más reciente edad.
Su tradicional secreto, sobre todo cuando existe en los archivos públicos, no es patrimonio de nadie en particular, incluidos la más alta dignidad del Estado hasta el más simple ciudadano, y por ello, la inaccesibilidad sólo está en función de los derechos democráticos de los ciudadanos, de la seguridad nacional y del derecho a la intimidad de cada persona.
La división de Robert Henri Bautier en “Archivos de Palacio” (Edad Antigua), “Tesoros de Cartas” (E.Media), “Artesanales de Autoridad” (E.Moderna) y “Laboratorios de la Historia” (E. Contemporánea) se conforma con la división clásica de la Histórica; según M.R. Tallafigo es confusa en la elección de términos en cuanto que algunos saltan con prestancia esas barreras cronológicas. Archivos en palacios y templos los encontramos en muchas más etapas, lo mismo que la autoridad o el recurso para la Historia.