El
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma culminará la
organización judicial en el ámbito territorial de aquélla, sin perjuicio de la
jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo.
El
Tribunal Superior de Justicia tomará el nombre de la Comunidad Autónoma y extenderá
su jurisdicción al ámbito territorial de ésta.
El
Tribunal Superior de Justicia estará integrado por las siguientes Salas:
- de lo Civil y Penal,
- de lo Contencioso-administrativo y
- de lo Social.
Se
compondrá de un Presidente, que lo será también de su Sala de lo Civil y Penal,
y tendrá la consideración de Magistrado del Tribunal Supremo mientras desempeñe
el cargo; de los Presidentes de Sala y de los Magistrados que determine la ley
para cada una de las Salas y, en su caso, de las Secciones que puedan dentro de
ellas crearse.
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal
Superior de Justicia conocerá, como Sala de lo Civil:
a.
Del recurso de casación que establezca la ley contra resoluciones de
órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la comunidad autónoma,
siempre que el recurso se funde en infracción de normas del derecho civil,
foral o especial, propio de la comunidad, y cuando el correspondiente Estatuto
de Autonomía haya previsto esta atribución.
b. Del
recurso extraordinario de revisión que establezca la ley contra sentencias
dictadas por órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la comunidad
autónoma, en materia de derecho civil, foral o especial, propio de la comunidad
autónoma, si el correspondiente Estatuto de Autonomía ha previsto esta
atribución.
Esta Sala conocerá igualmente:
a.
En única instancia, de las demandas de responsabilidad civil, por hechos
cometidos en el ejercicio de sus respectivos cargos, dirigidas contra el
Presidente y miembros del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma y contra
los miembros de la Asamblea legislativa, cuando tal atribución no corresponda,
según los Estatutos de Autonomía, al Tribunal Supremo.
b. En
única instancia, de las demandas de responsabilidad civil, por hechos cometidos
en el ejercicio de su cargo, contra todos o la mayor parte de los magistrados
de una Audiencia Provincial o de cualesquiera de sus secciones.
c.
De las cuestiones de competencia entre órganos jurisdiccionales del
orden civil con sede en la comunidad autónoma que no tenga otro superior común.
3. Como Sala de lo Penal, corresponde a esta
Sala:
a.
El conocimiento de las causas penales que los Estatutos de Autonomía
reservan al conocimiento de los Tribunales Superiores de Justicia.
b. La
instrucción y el fallo de las causas penales contra jueces, magistrados y
miembros del Ministerio Fiscal por delitos o faltas cometidos en el ejercicio
de su cargo en la comunidad autónoma, siempre que esta atribución no
corresponda al Tribunal Supremo.
c.
El conocimiento de los recursos de apelación contra las resoluciones
dictadas en primera instancia por las Audiencias Provinciales, así como el de
todos aquellos previstos por las leyes.
d. La
decisión de las cuestiones de competencia entre órganos jurisdiccionales del
orden penal con sede en la comunidad autónoma que no tengan otro superior
común.
Para la instrucción de las causas a que se
refieren los párrafos a y b del apartado anterior se designará de entre los
miembros de la Sala, conforme a un turno preestablecido, un instructor que no
formará parte de la misma para enjuiciarlas.
Le corresponde, igualmente, la decisión de las
cuestiones de competencia entre Juzgados de Menores de distintas provincias de
la comunidad autónoma.
En el caso de que el número de asuntos lo
aconseje, podrán crearse una o más secciones e incluso Sala de lo Penal con su
propia circunscripción territorial en aquellas capitales que ya sean sedes de
otras Salas del Tribunal Superior, a los solos efectos de conocer los recursos
de apelación a los que se refiere el párrafo c del apartado 3 de este artículo
y aquellas otras apelaciones atribuidas por las leyes al Tribunal Superior. Los
nombramientos para magistrados de estas Secciones, a propuesta del Consejo
General del Poder Judicial, recaerán en aquellos magistrados que, habiendo
permanecido durante los 10 años inmediatamente anteriores en el orden penal,
ostenten mayor antigüedad escalafonal.
Las Salas
de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia
conocerán, en única instancia, de los recursos que se deduzcan en relación con:
- a) Los actos de las Entidades locales y de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, cuyo conocimiento no esté atribuido a los Juzgados de lo Contencioso-administrativo.
- b) Las disposiciones generales emanadas de las Comunidades Autónomas y de las Entidades locales.
- c) Los actos y disposiciones de los órganos de gobierno de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, en materia de personal, administración y gestión patrimonial.
- d) Los actos y resoluciones dictados por los Tribunales Económico-Administrativos Regionales y Locales que pongan fin a la vía económico administrativa.
- e) Las resoluciones dictadas en alzada por el Tribunal Económico-Administrativo Central en materia de tributos cedidos.
- f) Los actos y disposiciones de las Juntas Electorales Provinciales y de Comunidades Autónomas, así como los recursos contencioso-electorales contra acuerdos de las Juntas Electorales sobre proclamación de electos y elección y proclamación de Presidentes de Corporaciones locales en los términos de la legislación electoral.
- g) Los convenios entre Administraciones públicas cuyas competencias se ejerzan en el ámbito territorial de la correspondiente Comunidad Autónoma.
- h) La prohibición o la propuesta de modificación de reuniones previstas en la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Reunión.
- i) Los actos y resoluciones dictados por órganos de la Administración General del Estado cuya competencia se extienda a todo el territorio nacional y cuyo nivel orgánico sea inferior a Ministro o Secretario de Estado, en materias de personal, propiedades especiales y expropiación forzosa.
- j) Cualesquiera otras actuaciones administrativas no atribuidas expresamente a la competencia de otros órganos de este orden jurisdiccional.
Conocerán,
en segunda instancia, de las apelaciones promovidas contra sentencias y autos
dictados por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo y de los
correspondientes recursos de queja.
También
les corresponde, con arreglo a lo establecido en esta Ley, el conocimiento de
los recursos de revisión contra las sentencias firmes de los Juzgados de lo
Contencioso-administrativo.
Conocerán
de las cuestiones de competencia entre los Juzgados de lo
Contencioso-administrativo con sede en la Comunidad Autónoma.
Conocerán
del recurso de casación para la unificación de doctrina en los casos previstos
en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Conocerán
del recurso de casación en interés de la Ley en los casos previstos en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
La Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia conocerá:
1º) En
única instancia, de los procesos que la ley establezca sobre controversias que
afecten a intereses de los trabajadores y empresarios en ámbito superior al de
un Juzgado de lo Social y no superior al de la Comunidad Autónoma.
2º) De
los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los
Juzgados de lo Social de la comunidad autónoma, así como de los recursos de
suplicación y los demás que prevé la ley contra las resoluciones de los
juzgados de lo mercantil de la comunidad autónoma en materia laboral, y las que
resuelvan los incidentes concursales que versen sobre la misma materia.
3º) De
las cuestiones de competencia que se susciten entre los Juzgados de lo Social
de la Comunidad Autónoma.
Cada una
de las Salas del Tribunal Superior de Justicia conocerá de las recusaciones que
se formulen contra sus Magistrados cuando la competencia no corresponda a la
Sala a que se refiere el artículo siguiente.
Una Sala
constituida por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, los
Presidentes de Sala y el Magistrado más moderno de cada una de ellas conocerá
de las recusaciones formuladas contra el Presidente, los Presidentes de Sala o
de Audiencias Provinciales con sede en la Comunidad Autónoma o de dos o más
Magistrados de una Sala o Sección o de una Audiencia Provincial.