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Organismos autónomos estatales


Resultado de imagen de unico gif interactivosLos organismos autónomos son entidades de derecho público, tienen 

- personalidad jurídica propia, 
- tesorería y patrimonio propios 
- y autonomía en su gestión, 

que desarrollan actividades propias de la Administración Pública, 

- tanto actividades de fomento, 
- prestacionales, 
- de gestión de servicios públicos 
- o de producción de bienes de interés público, susceptibles de contraprestación, en calidad de organizaciones instrumentales diferenciadas y dependientes de ésta.

Los organismos autónomos dependen de la Administración General del Estado a la que corresponde:

- su dirección estratégica, 
- la evaluación de los resultados de su actividad 
- y el control de eficacia.

Con independencia de su denominación, cuando un organismo público tenga la naturaleza jurídica de organismo autónomo, deberá figurar en su denominación la indicación «organismo autónomo» o su abreviatura «O.A.».
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El artículo 99 de la Ley 40/2015 nos habla de su Régimen jurídico.

Los organismos autónomos se regirán por lo dispuesto en 

- esta Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, en su ley de creación, sus estatutos, 
- la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
- el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
- la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, 
- y el resto de las normas de derecho administrativo general y especial que le sea de aplicación. 

En defecto de norma administrativa, se aplicará el derecho común.


Imagen relacionadaRégimen jurídico del personal y de contratación, Artículo 100.

El personal al servicio de los organismos autónomos será 

- funcionario 
- o laboral, 

y se regirá por lo previsto en:

- la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
- y demás normativa reguladora de los funcionarios públicos 
- y por la normativa laboral.

Se regirá por las normas aplicables a la Administración General del Estado el nombramiento de los titulares de los órganos de los organismos autónomos.

El titular del máximo órgano de dirección del organismo tendrá atribuidas, las facultades que le asigne la legislación específica, en materia de gestión de recursos humanos.

El organismo autónomo estará obligado a:

- aplicar las instrucciones sobre recursos humanos dictadas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
- y a comunicarle a este departamento cuantos acuerdos o resoluciones adopte en aplicación del régimen específico de personal establecido en su Ley de creación o en sus estatutos.

La contratación de los organismos autónomos se ajustará a lo dispuesto en la legislación sobre contratación del sector público. 

El titular del máximo órgano de dirección del organismo autónomo será el órgano de contratación.


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Régimen económico-financiero y patrimonial, Artículo 101.

Los organismos autónomos tendrán patrimonio propio para el cumplimiento de sus fines, distinto del de la Administración Pública, e integrado por el conjunto de bienes y derechos de los que sean titulares.

La gestión y administración de sus bienes y derechos propios, así como los del Patrimonio de la Administración que se les adscriban, para el cumplimiento de sus fines, será ejercida de acuerdo a lo establecido para los organismos autónomos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre.

Los recursos económicos de los organismos autónomos podrán provenir de las siguientes fuentes:

 Los bienes y valores que constituyen su patrimonio.
 Los productos y rentas de dicho patrimonio.
 Las consignaciones específicas asignadas en los presupuestos generales del Estado.
 Las transferencias corrientes o de capital procedentes de la Administración o entidades públicas.
 Las donaciones, legados, patrocinios y otras aportaciones de entidades privadas y de particulares.
 Cualquier otro recurso que estén autorizados a percibir, según las disposiciones por las que se rijan o que pudieran serles atribuidos.


Régimen presupuestario, de contabilidad y control económico-financiero. Artículo 102.

Los organismo autónomos aplicarán el régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, y de control establecido por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.


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